Jaquín Palacín, secretario territorial de CHA-Altoaragón ha manifesado que “es un problema que afectaría a todo Aragón pero mayoritariamente al Pirineo. El Gobierno de Rajoy, de aplicar esta medida, evitaría la gestión pública y cerraría las puertas a las necesarias compensaciones a los municipios que han soportado la servidumbre del uso de su territorio durante décadas. Estamos hablando de cifras que alcanzarían hasta unos 150 centrales en Aragón”.

CHA ha explicado en una nota de prensa, que el “gobierno de Rajoy quiera impedir que las confederaciones hidrográficas, en este caso la del Ebro, gestionen directamente las centrales hidroeléctricas cuya concesión caduque y por supuesto que sean los propios ayuntamientos afectados los que puedan gestionarla, una demanda creciente en el Pirineo aragonés. Incluso las informaciones indican que  “los saltos como  de El Pueyo -el primero en revertir al Estado- que ya gestiona la CHE retornara al sector privado tras el correspondiente concurso”.

Según se indica en su edición digital el diario Expansión, “de forma general  se procederá a convocar concursos para la explotación de los aprovechamientos cuyas concesiones caduquen, aunque excepcionalmente se podrá reservar alguno para su explotación directa”.

“¿Qué criterio se seguirá para esa excepcionalidad?. ¿Por qué no se mantiene el criterio de recuperación al servicio público de esas concesiones?, ¿por qué no se atienden las demandas mayoritarias de las Cortes de Aragón que abogan por recuperar estas centrales para “hacer justicia territorial” con los municipios y comarcas que han soportado  durante décadas esta servidumbre sin ningún beneficio directo?, se pregunt el responsable territorial de CHA en el AltoAragón, Joaquín Palacín.

Las citadas fuentes de Expansión indican además que” la  CHE ya no prevé gestionar directamente ninguna central hidroeléctrica e incluso sacará a concurso el salto de El Pueyo. El Mapama estima que en las próximas dos décadas se extinguirán las concesiones de unas 230 centrales y está trabajando con las confederaciones hidrográficas para disponer de una relación detallada”

Además recuerdan que finalmente en abril de 2016 se aprobó en pleno de las Cortes de Aragón, sin ningún voto en contra, una proposición no de ley  relativa a la caducidad de la concesión de centrales hidroléctricas en Aragón que contenía, entre otros, los siguientes acuerdos:

“1. Las Cortes de Aragón acuerdan manifestar su preocupación y rechazo ante esta situación, ya que supone el incumplimiento de la legislación  vigente en materia de aguas, al impedir la utilización de los recursos  derivados de la explotación directa de este salto por parte de la  Administración General del Estado tras la caducidad de la concesión y,  por tanto, una merma de recursos evidente para el desarrollo  socioeconómico del área afectada por los impactos negativos que la  construcción de estas infraestructuras han supuesto desde hace décadas.

2. Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que los territorios aragoneses afectados por saltos hidroeléctricos, que van a revertir en las próximas fechas al Estado, sean los primeros beneficiarios de esos aprovechamientos hidráulicos, y que los beneficios tengan como prioridad la compensación a los territorios aragoneses afectados por las construcciones hidroeléctricas.

3. Exigir a la empresa concesionaria de los saltos de agua, el pago de la “energía reservada” correspondiente, mientras que la empresa tenga  la concesión y mientras no se realice la reversión de los saltos de  agua de la cuenca del Ebro en el territorio aragonés a la CHE.

La imagen de portada corresponde al salto de Lafortunada. Fotos: SobrarbeDigital.