Foto: SobrarbeDigital
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Obras en la N-260a, en el kilómetro 468, debido a la instalación de la banda ancha. La alcaldesa de Broto Carmen Muro ha confirmado que la «banda ancha llegará muy pronto al valle».

El Gobierno de Aragón ha incluido, por primera vez, clausulas sociales en el nuevo acuerdo marco de telecomunicaciones, algo que supondrá diversos beneficios para la comunidad. El objetivo con el nuevo contrato ha sido obtener ofertas más competitivas, que redunden en beneficios contractuales, tecnológicos y económicos, y a su vez estimulen la inversión y el despliegue de infraestructuras alternativas de telecomunicaciones en el territorio de la comunidad.

Por un lado, permitirá que 48 localidades tengan servicio de banda ancha a más de 100 Mbps antes de finales de 2020, y otras 145 contarán con velocidades de más de 30 Mbps.

En total, 84.531 aragoneses se beneficiarán de manera directa de este servicio. Así mismo, otro aspecto importante es la generación de empleo en el sector TIC, incluyéndose criterios como la calidad del equipo de trabajo basada en la retribución, planes de igualdad y conciliación, y exigencia de condiciones esenciales como el cumplimiento de los pagos al personal adscrito al contrato y subcontratistas, o la obligación de no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo durante el período del contrato.

El acuerdo marco de telecomunicaciones tiene por objeto la contratación centralizada de los servicios de telecomunicaciones con destino a los departamentos y organismos públicos, sociedades mercantiles autonómicas, fundaciones públicas y consorcios de la comunidad autónoma. El contrato, que ya ha comenzado a funcionar, se ha dividido en siete lotes para cubrir el servicio de red de datos, el de telefonía fija y móvil, el acceso internet, la red propia de radioenlaces, la red propia de fibra óptica y la técnica de telecomunicaciones. La consulta preliminar al mercado como fase previa a la licitación ha permitido fomentar la participación y aumentar la concurrencia.

El ahorro total con respecto al importe de licitación ha sido de 5 millones de euros, un 18% aproximadamente. Además, se produce un doble beneficio al permitir una importante renovación tecnológica. El importe total son 23.125.00 euros, y el período de ejecución es de cuatro años, prorrogable a dos.

La decisión de adoptar factores sociales en la licitación responde a la importancia que el ejecutivo le da a la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones como uno de los motores de una economía moderna e innovadora, que contribuye al desarrollo económico y social de Aragón. Los factores sociales, en detrimento de los meramente economicistas, han permitido valorar las inversiones de los licitadores como un valor de contribución a la economía digital de Aragón, complementando la política llevada a cabo desde el departamento de Innovación, Investigación y Universidad.