Foto: Marisa Ventero. Sobrarbe Digital.

Izquierda Unida, registró con fecha 28 de mayo, una moción que se llevará al pleno del martes 3 de junio, donde pedirá que el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe se pronuncie y solicite al Gobierno de Aragón la retirada del Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y promueva uno nuevo, consensuado con los colectivos y entidades implicados en los servicios sociales, en el que se mantenga su carácter de derecho subjetivo esencial y su prestación a todas aquellas personas que lo necesiten, garantizando los recursos económicos que sean precisos para su total cobertura.

Así mismo, con fecha 26 de mayo, el Grupo Parlamentario en las Cortes de Aragón, ha registrado una pregunta a la presidenta del Gobierno de Aragón, en la que se le pregunta si piensa retirar el Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción, tal y como se lo están solicitando más de 60 entidades, colectivos y organizaciones del ámbito de lo social que conocen la realidad de miles de familias perceptoras de dicha prestación.

El Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción, presentado por el Gobierno de Aragón elimina su carácter de prestación esencial y de derecho subjetivo, estando sujeto a limitaciones presupuestarias. Esto supone un retroceso sin precedentes y, en la práctica, expulsar a miles de personas al desamparo y la desprotección al eliminar la posibilidad de acceder a dicha prestación.

En nota de prensa, Marisa Ventero explica que Cáritas presentó al IAI en el 2013, un informe con modificaciones, se trasladó a Cortes y ninguna de las propuestas de mejora “relevantes” sugeridas por la misma Cáritas han sido contempladas en el Proyecto de Ley que ha presentado el Gobierno a las Cortes de Aragón en marzo de 2014.

Una prestación, que apenas supone el 0,52% del presupuesto del Gobierno de Aragón para 2014, con una tasa de cobertura de un escaso 7% de la población aragonesa en situación de pobreza severa. Más de 12.610 hogares carecen de cualquier ingreso. El riesgo de pobreza aumenta hasta el 27,3% en España. Aumenta la edad para poder percibir la prestación que pasa de 18 a 25 años. Dejando fuera del acceso a muchos y muchas jóvenes. (Artículo 4).

La condición de ser alumno puede ser una incompatibilidad para ser perceptor del IAI. Una de las obligaciones de los titulares es realizar acciones que mejoren su empleabilidad con la finalidad de conseguir la inserción laboral y en cambio se penaliza en cuanto al cobro de la percepción. Esta es una de las cláusulas de EXCLUSIÓN ante la ausencia de empleos. (Artículo 5). No se aplica el coeficiente corrector por enfermedad grave, según la correspondiente Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. (Artículo 8).

En el anteproyecto, el reconocimiento de la discapacidad, sin justificación alguna, se eleva a un 45%, cuando está establecido en un 33% .(Artículo 10). Este Proyecto de Ley, respira un trasfondo ideológico”. Se quiere responsabilizar a cada individuo de su situación, dice Ventero.

También señala que se comenzó desde la DGA una campaña para “denunciar el supuesto fraude” que se producía, a la vez que se señalaba a los perceptores de esta prestación como únicos responsables de su situación, como vagos que abusan del sistema y a los que hay que ‘controlar’, como personas sin voluntad de mejora, acomodadas a la situación, sin ninguna capacidad de esfuerzo ni motivación; personas que no tienen dignidad y que no son portadoras de derechos.

Este proyecto de ley es el punto final de un itinerario que nos lleva a más de 20 años atrás. Ya desde IU se ha pedido una 2ª prórroga para que se siga estudiando el Proyecto de Ley. El PAR, ha presentado más de 30 enmiendas, “quiere decir que no le gusta nada”, señala la portavoz de IU

Por último, argumenta Ventero que si las Cortes de Aragón aprueban este Proyecto de Ley en su actual redacción la “garantía de los recursos mínimos de subsistencia y actuaciones dirigidas a lograr una plena integración social”, para las personas empobrecidas, dejará de ser un objetivo prioritario y sólo se llevará a cabo cuando los poderes públicos decidan que “puede hacerse efectiva su financiación”.