Foto: SobrarbeDigital

La base operativa para la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) que atenderá a las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza se ubicará en Foradada del Toscar, según confirmó la consejera de Sanidad, Pilar Ventura en el pleno de las Cortes de Aragón el pasado viernes.

Se instalará de manera provisional en la localidad de Morillo de Liena hasta su traslado al núcleo de Lacort, donde quedará emplazada definitivamente. Su puesta en servicio es inminente, concretamente tras las fiestas de Navidad, explicó Ventura.

De este modo respondió la consejera a una pregunta de la diputada del PP Carmen Susín, quien le preguntó por la UME que se iba a instalar en Campo, tal y como establecía el pliego de prescripciones técnicas del contrato de transporte sanitario urgente terrestre para pacientes en Aragón, y sino es así, dónde se iba a instalar y en base a qué criterios técnicos.

La consejera argumentó la elección del municipio ribagorzano de Foradada del Toscar por ser un “punto medio” entre Sobrarbe y Ribagorza y de fácil acceso por la vías de comunicación principales” y “porque es un punto centralizado respecto de otros recursos sanitarios y de emergencias sanitarias”.

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Se han tenido en cuenta las características sociodemográficas de la zona, con una población que ha aumentado en el 30% de los municipios, cada vez más envejecida, que cambia en las distintas épocas del año y que se ve aumentada por los numerosos visitantes temporales, y que Acciona (empresa adjudicataria del servicio) ha aceptado la ubicación. comentó la consejera Ventura.

Dichos argumentos no convencieron a la diputada ‘popular’, que dijo a la consejera que “se le había olvidado decir” para la elección de Foradada del Toscar “porque el alcalde es del PSOE”, a lo que Ventura respondió que de los “88 vehículos nuevos, hay muchos en localidades que están regidas por su partido (PP)”.

Para Carmen Susín el nudo de comunicación entre y Sobrarbe y Ribagorza no está en Foradada del Toscar sino en Campo, dijo no haber recibido el modificado del contrato ni los informes técnicos y jurídicos para cambiar la ubicación de la base, criticando también la decisión “unilateral” de la DGA.