Foto: SobrarbeDigital.

El Grupo del Partido Popular en la Comarca de Sobrarbe, ha manifestado su preocupación y rechazo a la Ordenanza reguladora de pistas y caminos del Ayuntamiento de Fanlo, cuya aprobación inicial se produjo el pasado 17 de junio y que actualmente está sujeta al periodo de información pública.

En una nota de prensa los ‘populares’ han explicado que “la preservación de los caminos y más en una zona de especial sensibilidad medioambiental es primordial, pero el espíritu de esta ordenanza atenta directamente a los intereses de los municipios vecinos, imponiendo unas evidentes trabas tanto a la actividad ganadera como a la turística”. El PP recuerda, en ese sentido, que son dos sectores fundamentales en el crecimiento y desarrollo de los valles.

Para el PP tanto los ayuntamientos vecinos, como los ganaderos del valle y las empresas turísticas que operan en la zona son conscientes, a juicio del PP, de la importancia de un uso racional y cuidadoso de las pistas, “algo que es de sentido común”. De hecho, los ‘populares’ dudan que la redacción se deba a problemas que hayan podido ocasionar y señalan que, en su opinión “consideramos que todo apunta a otras razones de carácter privado que chocan con el interés general de la comarca”.

De acuerdo con la información facilitada por el PP de Sobrarbe, más de 55 km de caminos clasificados como de “uso público municipal” pasarán a ser considerados como de “uso común especial”, haciendo que su disfrute pase previamente por una autorización municipal sujeta al pago de unas tasas. Así, quién no tenga propiedades con acceso por los caminos que indica la ordenanza, como es el caso de arrendatarios de de fincas, deberán solicitar una autorización permanente, por la que pagarán un “peaje” de 300 euros/año. Los ganaderos ajenos al municipio, deberán abonar 100 euros por una autorización temporal. La misma cantidad tendrán que abonar los cazadores mientras dure la temporada.

Sobre la afección en el ámbito turístico, los ‘populares’ advierten que la ordenanza exigirá a los servicios turístico la correspondiente autorización temporal y el abono de 3.000 euros. Por último, los vecinos de Torla y aquellas personas que acrediten realización de obras, servicios y estudios deberán pagar una tasa por autorización temporal diaria de 15 euros por vehículo. El régimen sancionador de la ordenanza oscila entre los 150 euros, en el caso mínimo de una falta leve, a los 1800 euros de la máxima falta muy grave.

Por último, el PP sobrarbense califica la ordenanza como “poco solidaria con el resto de la Comarca” y confía en que las alegaciones que van a presentar ayuntamientos, asociaciones y empresas afectadas sean tomadas en consideración y prevalezca el interés general.