Desde la presidencia del Comité de Huesca, Teresa Lapuente denuncia la inexplicable e injustificable persecución que los representantes de los trabajadores de los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) parecen llevar contra los trabajadores del Operativo de Incendios de SARGA.
Con declaraciones tan desafortunadas como señalar que se privilegia a personas cuyos trabajos a duras penas les permiten mantener a sus familias. Unas declaraciones, como mínimo, humanamente cuestionables.
Para Teresa Lapuente, la postura de los representantes de los APNs es claramente censurable viendo las condiciones laborales de un Operativo que en los últimos años ha trabajado entre 8 y 10 meses según los presupuestos, no saben cuando empiezan a trabajar ni cuando acaban, y realizan guardias en las que les pueden llamar a las 3 de la mañana o a cualquier hora por unos 5 euros.
Si se mira a otros lugares del Operativo, el panorama es aún más desolador, como en el caso de las torres de vigilancia que trabajan en su mayoría 3 meses sin visos de continuidad. A buen seguro cualquier trabajador del Operativo de Incendios de SARGA cambiaría su situación laboral con la de los APNs con los ojos cerrados.
Respecto a la polémica generada por la Orden del Consejero Joaquín Olona por la cual revoca la instrucción 1/2021 del Director General Diego Bayona, Teresa Lapuente apunta que si bien están de acuerdo en la intención de la instrucción del Director General, en la Orden del Consejero se recogen aspectos jurídicos que desde hace tiempo se venían reclamando al Gobierno de Aragón. En este sentido, la Orden y el informe de la Secretaría General Técnica son claros en aspectos de gran importancia para los trabajadores del Operativo de Incendios de SARGA.
Así, en la Orden se señala que las competencias recogidas en la instrucción revocada son competencia de SARGA y no de la Dirección General, lo que implica que funciones de este tipo tampoco pueden ser realizadas por la Dirección General a través de los APNs (personal Administrativo) como venía sucediendo, al ser competencia y obligación exclusiva de SARGA.
Esto es algo que se lleva denunciando desde hace tiempo sin que hasta el momento la empresa haya asumido de manera efectiva sus obligaciones con los trabajadores.
La Orden del Consejero es nítida en esta cuestión en distintos lugares, como por ejemplo cuando la Secretaría General Técnica señala en su informe que “existe el riesgo de que la sustitución del poder de dirección de la empresa por instrucciones de la Administración de la que es medio propio se llegue a entender como supuesto de cesión ilegal de mano de obra (artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores)”.
Con este aval jurídico, de la Orden del Consejero y el informe de la Secretaría General técnica del Gobierno de Aragón, evidentemente denunciaremos cualquier injerencia de cualquier APN en cuestiones “organizativas y de gestión del operativo forestal que se asigna a la empresa pública”, que como recoge claramente la Orden del Consejero y el informe, son competencias de SARGA.
Entendemos por tanto, que la relación y órdenes de los APNs con los trabajadores del Operativo de Incendios de SARGA, han de circunscribirse exclusivamente a los incendios forestales como agentes de la autoridad y directores de extinción según el caso.
Más allá de las cuestiones jurídicas, Teresa Lapuente espera que la Dirección General y la Consejería entiendan que los más perjudicados por este tipo de disputas son los ciudadanos y reconduzcan la situación.
Para la presidencia el conflicto está sacando de la discusión los problemas reales a los que se enfrentan un medio ambiente y unas zonas rurales que no se pueden permitir que el Operativo de Incendios continúe funcionando como hasta ahora, con trabajos precarios y sin afrontar graves problemas para el territorio como son los perímetros de los pueblos, la ganadería extensiva, el cambio climático, los incendios de sexta generación. Resulta urgente seguir el camino abierto por iniciativas del territorio como la Mesa Pirenaica.
La presidenta del Comité de Huesca espera que los ánimos se calmen y que todo el mundo sea lo suficientemente responsable y dialogante, viendo positivo que algunos presidentes de comarcas de Teruel quieran reunirse con el Consejero, aunque cree que lo más constructivo sería reunirse con el Consejero y con el Director General para acercar a ambos sus propuestas.
La presidenta espera que de darse la reunión esta arroje luz a diversas cuestiones, que se traten problemas de los trabajadores como la conciliación familiar si se cambian los puntos de encuentro y a la vez que no tengan que desnudarse en medio de plaza de un pueblo después de venir de un incendio (un problema mayor aún para las mujeres) si no se cambian, o la estabilidad por fin de estos puestos de trabajo en meses de contratación dentro de un territorio despoblado y con pocas posibilidades de empleo.
También espera que miren en sus propuestas a las necesidades del territorio y a la preocupación de los técnicos de la DGA sobre la posibilidad de que se dé un incendio de sexta generación.
Si miramos la Orden DRS/1521/2017, vemos las zonas de alto riesgo de incendios en medio de las cuales hay numerosos pueblos, y observamos como está el monte y los perímetros de estos pueblos, es para estar realmente preocupados. A todas luces un cambio de modelo es imprescindible y los alcaldes son los primeros interesados en que el actual modelo se cambie, ya que les afecta incluso de manera personal; como señaló el justicia, que situó la responsabilidad última de cualquier accidente que pudiese suceder por un incendio en unos alcaldes cuyos presupuestos no pueden asumir de manera efectiva los planes de prevención de sus municipios. En este sentido, Teresa apunta que tienen trabajo no para una reunión, sino para muchas reuniones.
Teresa Lapuente recuerda que los ánimos dentro de los trabajadores del Operativo de Incendios de SARGA están caldeados, pero espera que poco a poco se vaya reconduciendo todo hacia lugares de trabajo común en el que el interés de los ciudadanos tenga cabida.
Teresa señala que declaraciones como las de algún alcalde que sitúa la importancia de los trabajadores del Operativo de Incendios de SARGA en que “son familias que contribuyen a sostener el bar y la tienda”, tratándolos como si fueran turistas de paso en lugar de como vecinos que trabajan y viven en la localidad, no ayudan demasiado. Espera que de aquí en adelante, las declaraciones por parte de todos sean más prudentes y constructivas.
