Foto: imagen de Boné, Biel y Blasco.

En concreto, el PAR propone que no se pierda la vecindad civil de manera automática cuando se lleva más de diez años viviendo en otra comunidad. En el caso de Aragón, se estima que más de 250.000 aragoneses viven fuera de la Comunidad Autónoma. Hasta ahora, pasado el plazo de diez años, se asume la vecindad de la comunidad donde se reside, salvo que expresamente hayas manifestado lo contrario por escrito.

La importancia de esta iniciativa radica en el derecho foral aragonés, que es de aplicación a los ciudadanos que ostentan la vecindad civil aragonesa. El derecho foral tiene múltiples aplicaciones prácticas y cotidianas, en aspectos como la economía del matrimonio, la custodia compartida, la familia, la viudedad o los derechos hereditarios, conforme establece el Código de Derecho Foral Aragonés aprobado por las Cortes autonómicas en 2011.

El PAR también propone que los hijos de residentes en otra Comunidad, una vez que alcanzan los 14 años, puedan elegir entre las vecindades que hayan tenido sus padres, no solo la actual.

José Ángel Biel, ha recordado que “el derecho foral es una seña de identidad y un rasgo diferencial de Aragón” y ha anunciado una próxima proposición de Ley de Derechos Históricos de Aragón, tal como figura en el Acuerdo de Gobernabilidad firmado con el PP.

Por su parte, Alfredo Boné ha señalado que “como aragonesistas, no podemos estar de acuerdo en que un aragonés pierda su vecindad civil aragonesa por la simple residencia fuera de Aragón durante diez años” y ha destacado el impulso del PAR a todas las iniciativas para la actualización y aplicación del derecho foral aragonés. Manu Blasco ha recordado la cita de Joaquín Costa: “A Aragón se le define por su Derecho”.

El presidente del Partido Aragonés (PAR) y del Grupo Parlamentario, José Ángel Biel, el vicepresidente y portavoz en las Cortes, Alfredo Boné, y el diputado Manu Blasco han presentado, este martes, una proposición de Ley para modificar el Código Civil en lo relativo a la vecindad civil. Si es aprobada en las Cortes autonómicas, se remitirá para su tramitación como iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados.