Imagen de Caneto.

La comunidad educativa de Caneto denuncia la continuidad de la situación de desamparo por parte de la Consejería de Educación, según explican en un comunicado.

Texto íntegro del comunicado:
A fecha de hoy, la comunidad educativa de Caneto visibilizamos nuevamente el abandono que sufrimos por parte de la Consejería de Educación en la toma de decisiones sobre las infraestructuras actuales.

Con el objetivo de evitar malentendidos y reafirmar nuestra postura, deseamos informar sobre el proceso que hemos atravesado. Consideramos fundamental que la Consejería de Educación defina su postura: o bien sigue utilizando nuestra situación con fines políticos, o bien prioriza el bienestar de las personas directamente afectadas por sus decisiones.

El último auto judicial dejó claro que la aplicación de medidas cautelares para garantizar la seguridad no es responsabilidad de las familias, sino de la administración autonómica competente. Sin embargo, nos enfrentamos a la incongruencia de la Consejería de Educación, que por un lado argumenta que sus acciones buscan la seguridad de estudiantes y docentes, y por otro, se niega a invertir en la mejora de las infraestructuras actuales. Con una inversión mínima y disponiendo de un margen de siete meses, se podrían haber realizado las adecuaciones necesarias para garantizar un entorno educativo más seguro.

Además, lamentamos que la última comunicación de la Consejería con la Sala de lo Contencioso haya sido unilateral, a pesar de encontrarnos en un proceso de diálogo. En dichas alegaciones, la administración solo ha presentado problemas, sin aportar ninguna solución concreta. Una vez más, han sido las familias quienes han propuesto alternativas viables, entre ellas el traslado temporal del alumnado a los edificios del pueblo de Caneto mientras se realizan las mejoras en las infraestructuras o la instalación de una caseta prefabricada.

Desafortunadamente, nos encontramos nuevamente atrapados en un entramado burocrático entre la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Gobierno de Aragón (DGA) y el Ayuntamiento. Desde el pasado mes, las familias hemos seguido los procedimientos administrativos y mantenido reuniones con las partes implicadas con el fin de agilizar unos trámites que, en siete meses, apenas han avanzado.

A día de hoy, después de la resolución del Tribunal, las familias nos preguntamos quién se hará cargo del traslado de materiales a los nuevos espacios. Es muy probable que, una vez más, esta tarea recaiga sobre nosotras si queremos que este proceso se lleve a cabo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha comunicado nada al respecto.

Instamos a todas las administraciones implicadas a actuar con rapidez y eficacia para garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas. No podemos permitir que la burocracia continúe siendo un obstáculo para el acceso a una educación digna, segura y en igualdad de condiciones.