Chunta Aragonesista (CHA) va a preguntar a través del Senador de Compromís, Carles Mulet, sobre los planes del Gobierno de España para la central Lafortunada-Cinqueta.
En una nota CHA argumenta que “esta central, la más importante del Pirineo Aragonés, con unos beneficios de más de 4 millones de euros, está desde noviembre en manos del Estado, y se ha paralizado, de forma temporal, sin que el Gobierno central haya explicado si se va a poner en funcionamiento con un contrato de operación adjudicado por la CHE como ha ocurrido con la de El Pueyo de Jaca, Auxiliar de Campo y Barrosa; si el Estado va a reclamar a Endesa los 12 años que ha explotado la instalación tras caducar la concesión, y sobre todo, si se van a plantear beneficios para el territorio y cual va a ser el porcentaje”.
Joaquín Palacín, Secretario Territorial de CHA en el Alto Aragón y portavoz en Cortes de Aragón considera que “ahora es fundamental que la redacción de las condiciones para la concesión a largo plazo de la explotación de las centrales hidroeléctricas contemplen medidas de restitución y de compensación para las zonas cedentes, en este caso municipios de Sobrarbe”.
Para Palacín, “es necesario hacer valer ante el Gobierno de España la voz unánime de las Cortes de Aragón, que aprobaron un acuerdo para que los territorios afectados por saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de estos aprovechamientos hidráulicos, y es que no vamos a aceptar que en las nuevas concesiones no se contemplen medidas de compensación a los municipios que soportan la servidumbre del uso del territorio y sus recursos, los tiempos del colonialismo económico promovido por el Gobierno de España deben de formar de forma inexcusable, del pasado”.
Para más “inri” al pasar las centrales aunque sea temporalmente a manos del Estado los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo.
“Por ello solicitamos al Gobierno de España limitar la reversión a los elementos patrimoniales del dominio público hidráulico, correspondiendo a los ayuntamientos las instalaciones situadas en montes de utilidad pública de propiedad municipal, y que modifique la normativa del IAE para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados, exigiendo medidas alternativas para compensar la pérdida de ingresos que están sufriendo actualmente los ayuntamientos afectados”, ha concluido Palacín.
