La Delegación del Gobierno en Aragón ha conmemorado en Bielsa el “Día del recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura”, tal como establece la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El acto, que ha incluido una ofrenda floral y una contextualización histórica a cargo del profesor Alberto Sabio, además de la intervención de representantes de la Asociación Bolsa de Bielsa, ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, acompañado por los subdelegados en Zaragoza, Noelia Herrero, y en Teruel, Enrique Gómez. En la ceremonia también ha estado presentes diversos representantes institucionales tanto franceses como españoles.
La Ley de Memoria Democrática fija el día 8 de mayo para el recuerdo del exilio al coincidir con la fecha en la que en 1945 se produjo la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo, un hecho histórico al que contribuyeron de manera decisiva los hombres y mujeres del exilio español. En este sentido, Campo ha señalado que el lugar elegido para este acto “reúne un gran simbolismo como lugar de memoria democrática, recordado por uno de los episodios más significativos de la Guerra Civil en Aragón, la Bolsa de Bielsa”.
El subdelegado del Gobierno en Huesca ha apuntado en su intervención que “dado que la derogación de la normativa de Memoria Democrática de Aragón ha dejado sin efecto la declaración autonómica de Bielsa como Lugar de Memoria, vamos a trabajar junto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para incorporar a Bielsa y otros lugares aragoneses significativos al inventario estatal de Lugares de Memoria Democrática, de manera que la Bolsa de Bielsa y el exilio que por aquí salió a Francia sigan contando con el reconocimiento oficial que merecen”.
Parte del discurso de Carlos Campo, subdelegado del Gobierno en Huesca.
Parte del discurso de Beatrix Mur, familiar.
Ley de Memoria Democrática
“Recordar a las víctimas y hacerlo conforme a los hechos históricos comprobados, es ‘un imperativo ético fundamental’, tal como establece la Ley de Memoria Democrática”, ha afirmado Campo. Por ello, “es responsabilidad del Estado aplicar una política reparadora, inclusiva y plural, lo que incluye el reconocimiento y dignificación de aquellas personas que vieron vulnerados sus derechos humanos durante el periodo histórico de la Guerra Civil y la Dictadura”.
Los tres subdelegados han citado la Ley de Memoria Democrática, la cual establece en su articulado que “la Administración General del Estado adoptará las medidas y actuaciones necesarias para el conocimiento y conmemoración de los hechos representativos de la memoria democrática y el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia”.
“Este cumplimiento con la memoria no es una cuestión de ideología, sino de derechos humanos. Ni siquiera es una cuestión autonómica o estatal, sino que está sujeta al derecho internacional. Así lo ha declarado recientemente la ONU, quien señala que no caben fórmulas alternativas ni omisión de condena sobre unos hechos suficientemente probados”, han subrayado los subdelegados.