Valle de La Fueva. Foto: SobrarbeDigital.

El departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha comunicado el cierre de un aula no legalizada en la localidad de Caneto, a la que asisten 21 niños, que podrán seguir recibiendo el servicio educativo en el colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de La Fueva, en Tierrantona, centro en el que están oficialmente matriculados, según informan desde el Gobierno de Aragón.

El Servicio Provincial de Educación de Huesca avisará este lunes a la dirección del centro educativo de La Fueva y a las familias del traslado de este grupo de alumnos al colegio de Tierrantona. Dicho alumnado tendrá derecho a la gratuidad de comedor y a transporte escolar, con ayuda individual hasta que se contrate una nueva ruta de autobús.

Desde la consejería se advierte de que en el Registro de Centros Docentes no Universitarios de Aragón no consta la existencia de un centro educativo en Caneto y que los reiterados informes de los técnicos del Gobierno de Aragón han sido todos desfavorables para la creación del mismo, por no cumplir los requisitos mínimos exigidos por el Real decreto 132/2010 para su habilitación como espacio docente.

Entre otros, se señala la inexistencia de certificación por técnicos competentes del abastecimiento de agua potable, energía eléctrica solar y conexión a Internet; ausencia de un proyecto de legalización; no constancia de la modificación del uso catastral del suelo cedido por la CHE primigeniamente como pastos a su autorización para uso urbanístico. A este respecto, no consta la realización de actuaciones que subsanen las incidencias observadas.

Fue la propia directora del CEIP La Fueva la que alertó, ante el nuevo curso escolar, de las conductas administrativas y docentes no sujetas a norma desarrolladas desde Caneto y que generaban “gran inseguridad” al centro que ella dirige. Ante ello, y a solicitud de la directora provincial de Educación en Huesca, la Inspección visitó las instalaciones, confirmando las irregularidades.

El centro lleva en funcionamiento cinco años sin autorización, aseguran desde el Gobierno de Aragón.