Artículo de opinión de Celsa Rufas
Vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Huesca
La vivienda no se decreta: se construye
Precisamente porque somos plenamente conscientes del problema de la vivienda en la provincia de Huesca, no nos conformamos con diagnosticarlo ni con convertirlo en una consigna política. Llevamos tres años, desde la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón, poniendo soluciones reales sobre la mesa: inversión, rehabilitación, apoyo directo a los ayuntamientos y creación de vivienda allí donde hace falta. No negamos el problema, discutimos la receta. La vivienda no se resuelve solo con decretos, sino con obras terminadas y puertas abiertas.
La vivienda es un problema real en la provincia de Huesca. Lo es en el Pirineo, por la presión turística, pero también en las comarcas del sur. Preocupa a los jóvenes que quieren quedarse en su pueblo, a las familias que buscan un alquiler asumible y a quienes necesitan vivir cerca de su puesto de trabajo. Negarlo sería absurdo.
Pero también sería irresponsable aceptar que cualquier medida, por presentarse envuelta en buenas intenciones, sea una buena solución.
La propuesta del PSOE de declarar zonas tensionadas y aplicar una intervención de precios pensada para otros mercados no crea una sola vivienda. No rehabilita una casa cerrada, no pone un piso municipal en alquiler, no ayuda a derribar un inmueble en mal estado, ni convierte una antigua panadería, una escuela en desuso o una vivienda abandonada en un hogar.
La provincia de Huesca no necesita más intervención legislativa. Necesita más viviendas disponibles. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. En los últimos años, la Diputación Provincial de Huesca ha actuado ya sobre 108 viviendas en los pueblos del Alto Aragón. No son promesas: son expedientes, obras, compras, rehabilitaciones, edificios municipales que recuperan uso residencial y ayuntamientos que encuentran respaldo económico.
La nueva convocatoria del Plan de Vivienda 2026 vuelve a movilizar dos millones de euros y forma parte de un compromiso de legislatura de ocho millones. Cada municipio puede actuar según su realidad: adquirir suelo o inmuebles, rehabilitar, construir, derribar cuando sea necesario y recuperar patrimonio municipal para ponerlo al servicio de la vivienda. Esa es la política útil: la que permite que una casa cerrada vuelva a estar habitada.
Además, esta labor no se está haciendo de forma aislada. El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el Plan Aragón Más Vivienda, con programas adaptados a cada realidad territorial: el Programa 700 para municipios pequeños, el programa +3.000 para localidades de mayor tamaño y Más Vivienda, Mejor Turismo para zonas donde la presión turística dificulta que trabajadores, sanitarios, profesores o personal de hostelería encuentren un hogar. En el Sobrarbe ya hay actuaciones dirigidas a facilitar vivienda donde existe empleo, demanda y necesidad real.
Frente a eso, el PSOE plantea una medida de intervención que puede provocar el efecto contrario al que dice buscar: retirar vivienda del alquiler habitual, trasladarla al alquiler temporal, generar inseguridad entre pequeños propietarios y reducir aún más una oferta que ya es insuficiente. El problema no se resuelve señalando al propietario que tiene una casa, sino dando garantías para que la saque al mercado y ayudando a los ayuntamientos a generar vivienda pública asequible.
Conviene recordar también de dónde venimos. Durante años, la herramienta principal de la Diputación, gobernada por el PSOE, fue el préstamo sin intereses a los ayuntamientos. Era una medida limitada para el contexto actual: costes de rehabilitación disparados, pequeños consistorios con escasa capacidad técnica y proyectos que necesitan subvención directa, acompañamiento y flexibilidad, no solo financiación a devolver.
El ejemplo de Benabarre debería servirnos de advertencia. El Ayuntamiento recibió en 2021 financiación para comprar un convento y rehabilitar cinco viviendas destinadas a nuevos pobladores. El edificio se compró, pero las viviendas no se hicieron. Resultado: el consistorio debe devolver el dinero por incumplimiento y la Diputación ha tenido que ofrecer facilidades para que esa devolución no comprometa gravemente su estabilidad financiera. Esa es la diferencia entre anunciar vivienda y hacer vivienda.
¿Hay que estudiar la realidad de la vivienda? Por supuesto. ¿Hay que escuchar a los alcaldes? Siempre. ¿Hay que mejorar convocatorias, reforzar presupuesto y seguir afinando los instrumentos? También. Pero estudiar no puede convertirse en una excusa para importar automáticamente una solución ideológica que no atiende a la estructura real de nuestros pueblos.
La provincia de Huesca tiene un problema de vivienda porque falta oferta disponible, porque hay viviendas vacías que necesitan inversión, porque los ayuntamientos pequeños necesitan apoyo y porque en zonas turísticas hay trabajadores que no encuentran dónde vivir. Ante esa realidad caben dos caminos: intervenir precios desde el Boletín Oficial como pretende el PSOE o crear viviendas desde el territorio como hace el Partido Popular.
La Diputación Provincial de Huesca ha elegido el segundo. Porque una zona tensionada no abre una puerta. Una obra terminada, sí.
